Sector Público

La Responsabilidad Social Empresarial no es una cuestión ajena al sector público.

El Estado es, en muchas ocasiones, el mayor actor económico en algunos sectores, en general como contratista, faceta en la que debe velar por el cumplimientos de ciertos estándares sociales y ambientales. Pero el poder del Estado en materia de RSC no se limita al presupuesto que tenga el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Además, aparte de ser un actor económico, el Estado despliega también un poder regulatorio a través de otros ministerios aparentemente menos potentes por sus presupuestos directos (Sanidad, Energía, Ciencia, Educación, entre otros). Y de nuevo, no todo es regulación: unas políticas adecuadas que las acompañen también son necesarias. No hay que minusvalorar la influencia de las iniciativas políticas que favorezcan el desarrollo de la RSC. Por otro lado, el Estado celebra acuerdos internacionales que luego regulan las inversiones privadas transnacionales en las cuales se introducen cada vez más, aunque todavía tímidamente, ciertos criterios de sostenibilidad. Por último, regiones (en España, Comunidades Autónomas) y entes locales tienen un papel fundamental porque son el primer eslabón del sistema.