¿Sostenibilidad en funciones?La RSC en España

30 de septiembre de 2019 | Alberto Jiménez-Piernas

¿Está la sostenibilidad en funciones? La situación de interinidad política en España arroja dudas sobre la capacidad de las instituciones públicas para promover activamente políticas efectivas de sostenibilidad. Entre los principales problemas destacan la celebración de cuatro elecciones generales en apenas cuatro años, la prorrogación sistemática de los Presupuestos Generales del Estado, y la falta de adaptación de textos legislativos europeos son los principales problemas. A ello se añade la necesidad de revisar y actualizar políticas que ya han quedado obsoletas.

¿La sostenibilidad en funciones?

Resulta de vital importancia tomar conciencia de que la sostenibilidad y el cambio climático nunca están en funciones. Siguen su curso inexorable. Hace falta un Pacto de Estado que, de forma razonable, trate de despolitizar lo máximo posible estas cuestiones.

Se podría comenzar por una revisión y mejora del Plan Español sobre Empresas y DDHH, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, éste ya nació con cierto retraso en su contexto internacional y falto de aportaciones operativas de utilidad para la empresa.

Por otro lado, la Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial se encuentra igualmente próxima a su expiración (2020), realizada bajo el amparo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde en principio se encuentra instituido el Consejo Estatal de la RSE (gravemente inactivo).

Seria asimismo importante acudir a las revisiones de las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales. El Punto Nacional de Contacto para estas Directrices de la OCDE, instituido en la dirección general de comercio e inversiones del Ministerio de Economía, se encuentra en una situación similar de letargo, por expresarlo suavemente.

Más allá de las críticas, esto constituye una oportunidad única para refundir el marco institucional con el que el Estado promueve la RSC en las empresas. Conviene recordar que uno de los pilares de la responsabilidad social y medioambiental son las propias instituciones públicas en tanto que grandes contratistas y como generadoras del marco político y normativo. Dicho marco debe ayudar a las empresas y dar un paso adicional en el acompañamiento de las mismas hacia mejores prácticas. La sostenibilidad no puede estar en funciones.

El marco europeo

Mención aparte merece los últimos avances en el marco europeo, que nos confirman la importancia de las instituciones públicas en materia de RSC.

La economía circular

El reciente paquete de directivas sobre Economía Circular afecta en una gran medida a las instituciones públicas. Esto comienza en el nivel municipal para cambiar nuestro análisis del ciclo de vida de todo lo que consumimos y cómo desechamos. Las siete R’s de la economía circular son algo más que un eslogan y aquí el apoyo de las instituciones públicas es crucial a fin de sentar las bases desde las cuales las empresas puedan mejorar.

La contratación pública responsable

En segundo lugar, se advierte una grave demora en la transposición de la Directiva 2014/25/UE sobre contratación pública en los sectores del agua, la energía y los transportes. Se trata de sectores estratégicos y claves en el desarrollo de una economía más verde.

No parece tener una justificación razonable este grave incumplimiento del derecho de la UE por parte de España. El incumplimiento es más flagrante si cabe a la luz de que la directiva hermana, 2014/24, de carácter genérico, sí ha sido incorporada al derecho español por medio de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

Al ya de por sí desordenado marco institucional se añadió una Comisión Interministerial para la Contratación pública responsable (Real Decreto 94/2018 de 2 de marzo). Su aportación, el “Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable”, necesita una mayor concreción, en particular en lo que se refiere a la forma de traducir en puntos (cuantitativamente) consideraciones socio-ambientales de carácter cualitativo. Se debe superar la fase de los «planes» y avanzar en el desarrollo de indicadores.

Al margen de las prohibiciones de contratar (clara en la Directiva), no queda claro bajo qué circunstancias concretas se podría rechazar una oferta económicamente más ventajosa aduciendo problemas socio-ambientales. La concreción queda a la espera de un grupo de trabajo a constituir (sin excesiva transparencia sobre su composición). Tampoco debería quedar a expensas de los órganos contratantes en un modelo “caso por caso”.

¿Qué debe hacer la empresa en este escenario?

Entretanto, las empresas pueden perder competitividad en el medio-largo plazo si no comienzan a tomarse en serio la sostenibilidad, al margen de esta nula apuesta institucional. La recomendación a las empresas debería, más bien, formularse en negativo. Lo que no deben hacer, en cualquier caso, es especular con que todo quedará en “papel mojado”.

La evolución reciente de la RSC y la sostenibilidad muestra su avance, lento pero inexorable, incluida su juridificación gradual. Así ocurrió con los “informes no financieros”. Según los informes de DIRSE, muchas empresas del IBEX experimentaron dificultades con los contenidos y plazos el primer ejercicio que hubo que redactarlos. Esto a pesar de que la directiva databa del año 2014. Se trata de empresas con departamentos legales especializados en realizar el seguimiento de estas cuestione. Se deduce que en el proceso de toma de decisiones conviene no especular con una vuelta atrás por mucho que el legislador o las políticas públicas no sepan acompañar mejor a la empresa.

Por tanto, conviene desconfiar de la inacción institucional nacional y prestar más atención a las iniciativas europeas e internacionales, que siguen marcando el compás de lo que está por venir para prepararse acompañados del asesoramiento experto adecuado.