Empresas españolas y derechos humanos

5 de octubre de 2022 | Alberto Jiménez-Piernas

La dialéctica entre empresas transnacionales y el cumplimiento de los derechos humanos siempre ha sido un debate complejo. Muchos Estados desean culpar a las empresas de cuanto puedan. Muchas empresas intentan achacar a las debilidades de los Estados los problemas en el terreno. En el marco de nuestra misión de favorecer las transferencias universidad-empresa y la I+D+I, la plataforma de Negocio Responsable colabora en un proyecto que buscar esclarecer este tema de actualidad.

Un proyecto de investigación interuniversitario. Algunos datos

¿Pueden las empresas transnacionales ser titulares de obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y del medioambiente? Este proyecto de investigación analiza la actividad exterior de las empresas españolas en relación con los estándares de derechos humanos.

El proyecto lo lidera el departamento de derecho internacional de la Universidad de Alicante, participando asimismo la Universidad de Alcalá, en Madrid. Algunos datos de este proyecto:

• Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
• Participan 2 universidades públicas
• 22 publicaciones vinculadas
• Participación en 9 actividades

Empresas y derechos humanos: un debate sin resolver

La distinción de partida entre sujetos internacionales y actores transnacionales nos da una primera clave. En efecto, el principal malentendido gira en torno a dicha confusión. Los Estados son sujetos plenos del ordenamiento jurídico internacional. A su voluntad, deciden firmar y ratificar tratados internacionales sobre diversas materias, incluidas los derechos humanos. Esto obliga, en primer lugar, a los propios Estados a cumplir con los derechos humanos:

• a cumplir dichas obligaciones el propio Estado a través de sus administraciones y agentes;
• a hacer cumplir dichas disposiciones dentro de su territorio, incluido a los actores privados;
• y a perseguir su incumplimiento, típicamente a través de una efectiva administración de justicia.

Por su parte, los derechos humanos afectan a las empresas indirectamente, siempre a través del filtro de las leyes y políticas de implementación que cada Estado aplica. Esto implica que la primera obligación de una empresa pasa por cumplir la legislación del territorio donde opera. No se nos escapa lo complicado que puede ser en escenarios de fragilidad institucional y de conflicto, donde el propio Estado no logra cumplir adecuadamente con estas obligaciones internacionales. Pero, en términos de reputación corporativa, la empresa desea mostrar que al margen de esas complejidades en el terreno, sí mantiene un cierto estándar internacional de cumplimiento y responsabilidad.

Utilidad del proyecto para las empresas

Las empresas son fundamentales para ejecutar grandes proyectos de inversión (infraestructuras, telecomunicaciones, energía, etc.) y contribuir a la promoción del desarrollo económico de los Estados. Dichas infraestructuras, propiciadas por el propio Objetivo de Desarrollo Sostenible nº9, son a su vez indispensables para cumplir con el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, al desarrollar estos proyectos, en ocasiones, se pueden producir perjuicios en el entorno social y natural en el que operan. Una buena matriz de análisis de impacto analizará, en cada dimensión (social, medioambiental y de gobernanza), los aspectos positivos y negativos de cada proyecto, a fin de generar una estrategia que minimice estos últimos.

Antes de generar una estrategia de responsabilidad social corporativa conviene, efectivamente, realizar un diagnóstico adecuado de los impactos que se deben gestionar. A continuación, la empresa debe priorizar dichos impactos conforme a unos criterios objetivos. A partir de este punto, ya se podrá empezar a trabajar en una estrategia de sostenibilidad que minimice las externalidades negativas del proyecto, y ponga en valor el impacto positivos -por ejemplo, en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este proyecto de investigación interuniversitario tiene, por tanto, un enorme interés que va más allá de los aspectos científico-académicos, y se adentra en la realidad compleja de las empresas españolas en el exterior. Entran en relación el derecho internacional de las inversiones, el derecho internacional de los derechos humanos, y la políticas de sostenibilidad corporativas basadas en estándares técnicos internacionales con valor de soft law. Atraer inversión extranjera directa es un motor de crecimiento y desarrollo fundamental para los países en vías de desarrollo. Pero existe un consenso global en que no puede realizarse ya a cualquier precio. Este delicado equilibrio entre sostenibilidad y regulación de las inversiones internacionales, es la que aborda de manera muy práctica uno de los artículos científicos del proyecto, que puede descargarse aquí, como muestra de los resultados que se están obteniendo.